Mientras intenta empezar a encarrilar la economía con fuerte respaldo del FMI, el Gobierno soporta embestidas en dos frentes con desenlace imprevisible, como la pelea con los gremios, encabezados por camioneros, docentes y estatales, y la controversia sobre aportes de campaña, siempre centro de suspicacias en la política argentina.
La multa aplicada al sindicato liderado por Hugo y Pablo Moyano por 800 millones de pesos terminó de potenciar la ira de ambos dirigentes contra Mauricio Macri y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
En círculo políticos y sindicales hay coincidencia en que, si bien el cálculo del monto de la sanción por incumplir la conciliación obligatoria está ajustado a derecho, carece de antecedentes en la Argentina y huele a "exceso".
El radical Ricardo Alfonsín, totalmente alejado de Macri, emitió un comunicado para cuestionar la medida.
"Llama la atención el rigor que se pone cuando se sanciona a los gremios y que no se actúe de la misma manera frente a las empresas que se cartelizan, los monopolios, los oligopolios que le hacen muchísimo daño también a la sociedad", dijo.
El clima con los sindicatos se tensó aún más incluso por una inspección del gobierno a gran escala que busca "dotar de mayor transparencia" a las cajas sindicales.
Son un centenar los gremios en la mira, incluidos Camioneros y el combativo SUTEBA liderado por Roberto Baradel en Provincia de Buenos Aires.
En el marco de esas diligencias, inspecciones preliminares habrían encendido alarmas sobre la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) liderada por Mirta Petrocini, otra de las dirigentes duras en la pelea con María Eugenia Vidal.
Le cuestionarían la retención en concepto de "cuota sindical" del 2% mensual de cada afiliado, cuando la alícuota debería ser 1,5%, pero por ahora los informes son preliminares y en el gremio rechazan esas observaciones. Para Baradel, la movida oficial consiste en un"apriete y una extorsión".
"No nos asustan", bramó el barbado dirigente sindical. En el mismo sentido se habían expresado los Moyano tras conocer la multa millonaria.
En tiempos de ajuste cada vez más acelerado, no es el único cruce con los gremios que mantiene el Gobierno.
Vidal protagoniza un nuevo round con los sindicatos docentes, que podrían lanzar un nuevo paro e impedir la reanudación de las clases tras las vacaciones de invierno.
Las fuertes tensiones también recorren los cuerpos dirigenciales de los estatales de ATE, que fustigan los recortes en el Estado, uno de los compromisos asumidos ante el FMI.
Las protestas se magnificaron con la llegada de la jefa del Fondo Monetario, la francesaChristine Lagarde, uno de los sostenes más fuertes del gobierno argentino en el plano internacional.
El FMI respalda a la Argentina por expreso pedido del norteamericano Donald Trump y el francés Emmanuel Macron, entre otras figuras de peso en el escenario internacional.
Lagarde vino formalmente a participar de las reuniones preparatorias del G20, pero también a recoger información de primera mano sobre la marcha del recorte de gastos.
La francesa se deshizo en elogios hacia Macri, mantuvo excelente sintonía con Nicolás Dujovne al afirmar que la Argentina volverá a crecer en el 2019, y dio su aval a la política monetaria aplicada por la nueva gestión de Luis Caputo al frente del BCRA.
Lo que más preocupa a la mandamás del Fondo es saber el nivel de consenso que el ajuste tiene entre las principales provincias del país.
Los distritos del interior deberán aportar un tercio -unos $ 100.000 millones- de la poda de gastos planteada por el equipo económico, que rondará los $300.000 millones en 2019, para tratar de acercarse a disminuir el rojo de las cuentas públicas hasta el 1,3% del Producto Bruto prometido.
Sin lograr ese objetivo, será muy difícil para Lagarde justificar el desembolso de los USD 35.000 millones restantes del mega acuerdo firmado en pleno tembladeral cambiario.
La Argentina es un país clave en la región para las potencias occidentales que buscan evitar cualquier alternativa de retorno a "gobiernos populistas" enfrentados con el eje de Washington.
La imposibilidad de correr del poder a Nicolás Maduro en Venezuela y el apoyo popular que mantiene en Brasil Luiz Inacio Lula Da Silva, por ahora en prisión, persuadieron a Trump de la necesidad de apuntalar a su "amigo" el presidente argentino.
La misma lógica parece anidar en los hombres de negocios, que espantados ante la fuerte caída en la popularidad de Macri, le brindaron en la semana un fuerte respaldo en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y hasta iniciaron gestiones para aportar fondos a la ayuda coordinada por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, en estos tiempos de vacas más que flacas.
Aportes de campaña y polémica
La controversia en torno de los aportes a la campaña del PRO en la provincia de Buenos Aires durante 2017, provocaron más ruido del esperado por el Gobierno.
Un tema que inicialmente no figuraba en la agenda discursiva de respuesta rápida del oficialismo, mutó en la necesidad de tomar medidas políticas de alto calibre.
La gobernadora Vidal no sólo lanzó una auditoría que buscará poner blanco sobre negro en qué ocurrió con esos fondos, sino que también le pidió la renuncia a la Contadora General de la Provincia, Fernanda Inza, quien formó parte del equipo de rendición de cuentas de la campaña, hace varios años trabaja con la mandataria provincial y duró menos de una semana en el cargo.
"Doy la cara como lo he hecho siempre", dijo Vidal al anunciar la medida, pero el caso le dio una inmejorable oportunidad a la oposición para encontrar otro ariete de críticas a la alianza Cambiemos.
La lucha contra la corrupción fue uno de los ejes elegidos por Cambiemos para diferenciarse del kirchnerismo.
Por eso, Vidal buscó retomar el protagonismo en esta espinosa cuestión con medidas que, espera, permitirán clarificar un frente de conflicto inesperado.
El juez federal Sebastián Casanello citó a declarar como testigos a 50 personas que figuran como aportantes de la última campaña electoral de Cambiemos en el marco de la causa que investiga esos presuntos aportes falsos.
Casanello busca confirmar si, como figura en la documentación presentada por Cambiemos, donaron dinero para la campaña de legisladores nacionales por la provincia de Buenos Aires del año pasado o si sus nombres fueron utilizados sin consentimiento.
A los testigos también se les preguntará si están afiliados a algún partido, ya que se sospecha que algunos podrían ser "afiliados falsos" del PRO.
"No tenemos duda de la transparencia de las campañas", afirmó el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
La conferencia de prensa convocada con inédita anticipación por el presidente Macri obligó a Cambiemos a acelerar los tiempos de decisiones en la Provincia.
El objetivo no fue sólo ponerse a la cabeza de la investigación del caso desde la esfera estatal, sino también evitar que Macri debiera pasarse casi toda la ronda de preguntas de los periodistas respondiendo sobre este tema.
"Se va a investigar, se va a saber y no vamos a apañar a nadie", prometió Peña.
Darle un cierre a este conflicto inesperado es indispensable para el gobierno, no sólo en defensa de las instituciones, sino también para poder volver a diferenciarse de algunos sectores de la oposición en la transparencia en el manejo de fondos públicos.
Resolver este intríngulis es clave también en momentos en que la posible candidatura presidencial de Cristina Kirchner en 2019 empieza a sonar en círculos políticos, mientras Macri dejó claro -en una inédita transmisión vía Instagram-, que está decidido a ir por la reelección.
@nib@l 2018
