Algunos de los gastos de la empresa llamaron la atención del juez Javier Cosentino.
Algunos pagos de Oil Combustibles, bajo la administración de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, llamaron la atención del juez Javier Cosentino, que ordenó la intervención judicial de la principal compañía de de Cristóbal López.
Los ahora interventores judiciales de la compañía comprobaron que en el mes de enero una Asamblea aprobó honorarios excesivos para sus directivos, por $ 22,8 millones, pese a que la empresa había tenido una pérdida de $ 625 millones en su último balance cerrado en junio pasado. “Es decir, que se aprobaron honorarios por montos muy superiores a los aprobados en el ejercicio anterior, con una pérdida mucho más significativa”, dijo el juez Cosentino.
Uno de ellos fue el pago de $8,1 millones en honorarios a Rosner y Dellatorre, dueños del fondo de inversión OP Investment, que tuvieron que devolver ante el reclamo de los entonces tres co administradores judiciales ahora interventores de la compañía.
En simultáneo, ambos directivos se habían contratado como empleados de Oil Combustibles en relación de dependencia, el 1 de diciembre pasado, con sueldos netos de $ 219.000 y $ 194.000 mensuales, respectivamente, sin la “autorización del Juzgado del concurso”.
El cargo que Rosner y Dellatorre tenían en sus recibos de sueldo era de vicepresidentes de Reestructuración Financiera”.
Otros gastos irregulares mencionados por el juez Cosentino fueron la “conformación de un Centro de Costos Corporativos, que implicó un pasivo de más de dos millones de pesos en dos meses a cargo de Oil, que se halla en una situación de crisis extrema”.
Además, hubo pagos por $ 2,3 millones para el economista Martín Redrado, por “asesoramiento financiero”; aunque los actuales interventores de la compañía aclararon que los servicios prestados “fueron a sociedad de medios y no a Oil Combustibles, pero por indicación del actual directorio el costo fue cargado a Oil”.
También había una orden de pago por $ 435.000 para el dirigente peronista Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, como reveló Clarín.
Los actuales interventores señalaron que esa factura estaba “pendiente de pago” y que correspondía a “servicios de asesoramiento en materia penal prestados a los señores Cristóbal López y Fabián de Sousa, autorizado por el actual directorio. Desde la gerencia respectiva se pidió documentación de respaldo, pendiente de respuesta”.
Para Alberto Fernández, esa factura fue “librada por error, anulada y consecuentemente jamás cobrada”. El ex jefe de Gabinete kirchnerista aseguró que si bien “asesora” a las “actuales autoridades de Grupo Indalo”, sus tareas como abogado “en nada se vinculan” con la defensa legal de Cristóbal López y De Sousa.
Los actuales interventores judiciales de Oil Combustibles señalaron que hubo pagos por $ 2,6 millones para el estudio contable y jurídico Lisicki, Litvin y Asociados, que prestaban servicios para OP Investment, pero fueron pagados por Oil Combustibles.
Además, hubo otros $ 13,4 millones para el abogado penalista Carlos Beraldi, representante legal de Cristóbal López (y de Cristina Kirchner), de los cuales todavía se le adeudan $ 2,5 millones.
Entre los pagos cuestionados por los actuales interventores de la principal empresa de Cristóbal López, también figuran $ 7,2 millones para el lobbista Jorge Rottemberg, por “servicios de asesoramiento y consultoría”; aunque “se desconoce si efectivamente se prestó el servicio y el alcance del mismo”.
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