24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
En este día se reivindica la plena defensa de los Derechos Humanos. El Golpe de Estado de 1976 dio inicio a una etapa de la historia argentina que hay que recordar con memoria, verdad y justicia.
Un día como hoy, en 1976, el Golpe de Estado encabezado por Jorge Rafael Videla, Eduardo Emilio Massera y Orlando Agosti tomó el poder por la fuerza en el marco de lo que autoproclamaron como “Proceso de Reorganización Nacional”. Este hecho marcó un antes y un después en la vida política, económica y cultural de la Argentina. Aquel régimen militar impulsó las bases de un nuevo modelo económico: el neoliberalismo. Con la idea de que el Estado debía intervenir lo menos posible en el mercado, se fue configurando un país regresivo en lo económico y socialmente injusto. Asimismo, se buscó destruir toda forma de organización popular, silenciando voces, con el argumento de que había que instaurar el “orden”. Miles de estudiantes, militantes, sindicalistas, docentes, intelectuales y trabajadores resultaron perseguidos y torturados, y en total, más de 30 mil personas fueron desaparecidas.
A partir de 2003, el Gobierno nacional comenzó a implementar políticas que tuvieron como eje la promoción de los Derechos Humanos. Como símbolo de este compromiso, el 24 de marzo de 2004, el ex presidente Néstor Kirchner ordenó descolgar los cuadros de Jorge Rafael Videla y Roberto Bignone, del Colegio Militar. Y expresó: “vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades. No es rencor ni odio lo que nos guía, sino justicia y lucha contra la impunidad”.
Ese mismo día dispuso también el traspaso de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) a organismos de Derechos Humanos y la creación en su lugar del Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Actualmente, en el lugar donde reinó la muerte, distintos organismos e instituciones ahora honran la vida trabajando para promover los Derechos Humanos y testimoniar los delitos de lesa humanidad.
Además, las luchas de los organismos nacidos al calor de los crímenes cometidos durante el régimen de facto, tuvieron reconocimiento con la decisión del Congreso Nacional de anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que indultaban a los responsables de delitos de lesa humanidad.
El 14 de junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de estas normas, lo que permitió que se desarrollen numerosos juicios orales y públicos contra quienes cometieron los crímenes de la dictadura.
En la actualidad estos juicios continúan investigando los hechos que se llevaron a cabo entre 1976 y 1983 en los distintos centros clandestinos de detención.
Madres de Plaza de Mayo
El Golpe instaló rápidamente la práctica de desaparición de personas como método para controlar a la población y terminar con los grupos políticos de izquierda. Los operativos se realizaron a partir del primer día de la Junta Militar en el poder y se considera que durante los años de gobierno de facto se llevó adelante un genocidio, dado que la inmensa mayoría de los desaparecidos pertenecía a una ideología determinada.
Los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado comenzaron a reclamar la aparición con vida de sus hermanos, padres e hijos desde 1977. Entre los diversos grupos que se formaron en esos años, se destaca el de Madres de Plaza de Mayo, un grupo de mujeres que comenzaron a marchar todos los jueves por la tarde alrededor de la pirámide de la Plaza de Mayo reclamando por información sobre sus seres queridos y poniendo en evidencia lo que la sociedad no veía o no quería ver. Empezaron a utilizar el pañuelo en la cabeza para identificarse entre sí y es el día de hoy que continúan marchando, semanalmente, exigiendo justicia por los crímenes cometidos por el Estado.
Las primeras madres también sufrieron desapariciones entre su conformación original: Azucena Villaflor, María Eugenia Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga fueron secuestradas en la Parroquia Santa Cruz en diciembre de 1977 por un grupo de tareas de la Armada. Fueron llevadas a la ESMA, torturadas y arrojadas vivas al mar. El 20 de diciembre del mismo año aparecieron sus cuerpos en las costas de Santa Teresita, que fueron enterrados como n. n. en el cementerio de General Lavalle. En 2005, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos, tres de los cuales correspondían a Azucena, Esther y Mari.
Por otro lado, el 15 de mayo de 1977 María Eugenia Casinelli y otras once abuelas firmaron un hábeas corpus colectivo en forma de carta, dirigido a la justicia de Morón, en el que hacían saber la existencia de bebés desaparecidos y solicitaban que se suspendiesen todas las adopciones. El posterior trabajo de esta organización reveló que se secuestró a más de 500 niños, ya sea nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres. Tras una incansable labor de investigación y el reclamo permanente ante la justicia y los organismos internacionales, las abuelas lograron devolver su identidad a más de 100 nietos, pero siguen buscando a más de 400 niños. Se considera que estas personas, cuya identidad ha sido sustraída por sus apropiadores, siguen siendo víctimas del terrorismo de Estado, aunque la democracia se haya instalado en el país en 1983.
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